El Constitucional admite a trámite el recurso contra la reforma laboral
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso contra la reforma laboral promovido por el grupo socialista y la Izquierda Plural, según ha informado hoy este órgano. Los sindicatos intentaron presentar su propio recurso a través de la Defensora del Pueblo, pero ésta lo rechazó.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso contra la
reforma laboral promovido por el grupo socialista y la Izquierda
Plural, según ha informado hoy este órgano. Este es la primera admisión a
trámite de un recurso contra esta norma, aprobada en febrero pasado, ya
que los sindicatos CC OO y UGT también intentaron recurrirla a través
de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, pero ésta no encontró
argumentos para ello y lo rechazó.
Entre las posibles causas de inconstitucionalidad que se han barajado por algunos expertos, están el uso de un real decreto (solo previsto para cuestiones urgentes) para acometer la mayor reforma del mercado laboral en décadas; la eliminación de los salarios de tramitación, que afectaría al derecho de tutela judicial efectiva; la extinción de los contratos por decisión unilateral del empresario y la eliminación de la autorización administrativa en los despidos colectivos, que podrían vulnerar el derecho al trabajo; o la reforma de los convenios que contravendría la negociación colectiva.
Asimismo, entre otros argumentos, también se ha planteado en distintas instancias la posible inconstitucionalidad del periodo de prueba con despido gratuito durante un año en los nuevos contratos de emprendedores para empresas de menos de 50 trabajadores; y la posibilidad de despedir por causas empresariales a los empleados públicos laborales.
Finalmente, los sindicatos, por su parte, entienden que las modificaciones operadas en materia de articulación y vertebración de la negociación colectiva y la prioridad absoluta que se da al convenio colectivo de empresa, "restringen sin causa razonable la libertad de estipulación de los sindicatos más representativos del sector".
Entre las posibles causas de inconstitucionalidad que se han barajado por algunos expertos, están el uso de un real decreto (solo previsto para cuestiones urgentes) para acometer la mayor reforma del mercado laboral en décadas; la eliminación de los salarios de tramitación, que afectaría al derecho de tutela judicial efectiva; la extinción de los contratos por decisión unilateral del empresario y la eliminación de la autorización administrativa en los despidos colectivos, que podrían vulnerar el derecho al trabajo; o la reforma de los convenios que contravendría la negociación colectiva.
Asimismo, entre otros argumentos, también se ha planteado en distintas instancias la posible inconstitucionalidad del periodo de prueba con despido gratuito durante un año en los nuevos contratos de emprendedores para empresas de menos de 50 trabajadores; y la posibilidad de despedir por causas empresariales a los empleados públicos laborales.
Finalmente, los sindicatos, por su parte, entienden que las modificaciones operadas en materia de articulación y vertebración de la negociación colectiva y la prioridad absoluta que se da al convenio colectivo de empresa, "restringen sin causa razonable la libertad de estipulación de los sindicatos más representativos del sector".
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